Un año y cuatro meses antes de los atentados terroristas que tuvieron lugar –separados entre sí por menos de nueve horas– en Barcelona y Cambrils los días 17 y 18 de agosto de 2017, un Eurobarómetro especial del Parlamento Europeo mostraba cómo el riesgo de que algo así ocurriese en España era elevado para el 39% de los ciudadanos entrevistados en el conjunto de nuestro país. Otro 49% opinaba que existía algún riesgo. Sólo un 8% percibía que el riesgo era bajo. Oficialmente, la alerta antiterrorista en España estaba activada a un nivel alto (4 en una escala de 1 a 5) desde finales de junio de 2015. Esas percepciones sociales y esta directriz institucional obedecían en buena medida a la serie de actos de terrorismo relacionados directa o indirectamente con Estado Islámico que desde 2014 se habían producido en países de nuestro entorno como Francia, Bélgica, Alemania y el Reino Unido. Actos de terrorismo que eran, a su vez, un corolario de la inusitada movilización yihadista que estaba teniendo lugar en Europa Occidental desde el inicio de la guerra en Siria.